El día de ayer, los integrantes del movimiento ciudadano contra la injusticia, presentaron las escrituras de la asociación civil que tiene bajo su propiedad la marca comercial Riviera Nayarit. Los dueños son los más importantes hoteleros de la zona de Bahía de Banderas. No me voy a referir a ellos, sino más bien a todos los comentarios que realizaron el día de ayer los integrantes de dicho movimiento. Señalaron que con las escrituras presentadas, se demuestra que el gobernador del estado ha estado desviando los recursos públicos para promover una marca comercial que es propiedad privada, es decir, se ha estado usando los dineros del pueblo para favorecer el negocio de particulares. Con esta evidencia se demuestra que Ney y su gobierno han promovido la corrupción en gran escala, seguramente amparado en que tanto en el tribunal superior de justicia, el órgano superior de fiscalización y en el Congreso del Estado tiene a puros incondicionales que le servirán para encubrir todas sus trapacerías ahora demostradas por el movimiento ciudadano contra la injusticia.
Se dijo que, con esta evidencia, en la que se demuestra el uso indebido de recursos públicos, se tienen los elementos necesarios y suficientes para someter a juicio político al gobernador del estado y fincarle una denuncia penal. Los elementos están dados. El artículo 124 de la constitución política del estado, en su segundo párrafo dice textualmente así: “EL GOBERNADOR DEL ESTADO, los Diputados al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los miembros del Consejo de la Judicatura, SÓLO PODRÁN SER SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la particular del Estado, a las leyes federales y locales que de ellas emanen, así como por el MANEJO INDEBIDO DE FONDOS Y RECURSOS”. Los documentos oficiales presentados ayer por el movimiento ciudadano contra la injusticia, en donde demostraron que la Marca Comercial Riviera Nayarit es una marca que pertenece a un grupo de particulares, constituyen los elementos necesarios para iniciar juicio político contra el gobernador. ¿Por qué? Pues porque es una evidencia pública que la marca Riviera Nayarit se ha estado promoviendo con dinero del pueblo en Europa, en USA, en el equipo de fútbol de los “Tecos”, en los medios nacionales de televisión ya no se diga en todos los medios locales y ahora, para culminar, en las placas. Eso, aquí y en China, es un MANEJO INDEBIDO DE FONDOS Y RECURSOS.
Pero, da la casualidad que la constitución señala que quien impondrá sanciones, desde destitución del cargo, inhabilitación, hasta sanciones de tipo penal, será el Congreso del Estado. Como todo mundo sabe, la inmensa mayoría de los diputados están subordinados a las decisiones del gobernador, se sabe y es público que los diputados son empleados del gobernador y obedecen a sus órdenes y, por tanto, en esas circunstancias, será difícil que proceda un juicio político contra Ney Manuel González Sánchez. EL congreso tendría que resolver en los términos de la legislación penal aplicable.
Debido a la situación anterior y a que con toda certeza el manejo indebido de recursos también se ha dado con recursos federales, los integrantes del movimiento ciudadano contra la injusticia procederán a promover, con los diputados federales y senadores de la oposición, un diálogo para que desde la cámara se proceda contra el gobernador en los términos de la constitución local que dice: “La Legislatura Local, en ejercicio de sus atribuciones, intervendrá en definitiva por la comisión de DELITOS FEDERALES EN CONTRA DEL GOBERNADOR, Diputados Locales, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, Consejeros de la Judicatura, una vez que el Congreso de la Unión o cualesquiera de sus Cámaras, emitan la declaratoria de procedencia respectiva. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, SERÁ SEPARADO DE SU CARGO EN TANTO ESTÉ SUJETO A PROCESO PENAL, si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto”.
Aparte de lo anterior, y ahora que la auditoria superior de la federación reprobó a Nayarit, también se interpondrá formal denuncia ante dicha instancia a fin de que se tomen las medidas necesarias correspondientes por el delito de desvío de recursos que ya se ha hecho evidente con esta documentación presentada por los integrantes del movimiento ciudadano. Así también señalaron que ahora con mayor razón tienen la obligación moral de constituir un poderoso movimiento aliancista para que, si los empleados del gobernador en el congreso entorpecen la aplicación de la ley para proteger al gobernador, triunfando en las próximas elecciones, se tenga un congreso imparcial que aplique con transparencia y ética la ley con el fin de salvaguardar los intereses del pueblo de políticos abusivos como el que ahora se presenta. Se tiene, según la ley, el plazo de un año para aplicarle juicio político después de que el gobernador termine su periodo. Se le imputarán las sanciones correspondientes y se le incautarán los bienes que no pueda justificar con sus ingresos por sí o por interpósitas personas, es decir, con prestanombres como Ventura García o Alejandro Galván, según dicen los del movimiento ciudadano.
A Ney se le están acabando los caminos. Su primitiva forma de gobernar basada en el autoritarismo y la corrupción, está encontrando obstáculos que le serán imposibles de evadir. Menos ahora con la reforma política que, entre otras cosas, ya no permitirá que haya fuero que sirva de protección de ilícitos. Así que, antes de que quiera ser senador en el 2012, Ney estará sujeto a proceso penal, al decir de los coordinadores de dicho movimiento. robertogbernal@gmail.com
PD. ¡Esta semana el capítulo 80 de la novela! con ese terminamos el libro, pero me han llegado muchos correos donde me piden haga el segundo tomo, dicen que está buena la chunga! www.cainay.blogspot.com
