La primera obligación constitucional del gobernador es darles seguridad a sus ciudadanos. Cualquier gobierno que pretenda recuperar la legitimidad perdida, como el nuestro, necesariamente tiene que pasar por proteger a su comunidad. Este es su primer deber, protegerla de los peligros, uno de ellos, el crimen organizado. Si un gobierno no logra esto, se enfrenta al descrédito social y a la falta de legitimidad.
En el pasado, desde los tiempos remotos de la humanidad, esta obligación de dar protección y seguridad estuvo por encima de cualquier otra función o cualquier otra preocupación. Esta obligación es la esencia del contrato entre gobierno con ciudadanos. Esta es la que proporciona legitimidad a los gobiernos, junto con otras por supuesto, como el bienestar social y la justicia, cosas que también se encuentran muy alejadas de ser una característica del actual gobierno estatal.
Si un gobierno como el que tenemos los Nayaritas no ha sido capaz de darnos seguridad y por consecuencia ha caído en el descrédito social, se puede afirmar que es un gobierno ilegítimo. A aquella afirmación en el sentido de que el gobierno de Ney era ilegítimo porque la inmensa mayoría del electorado no votó por él, a esa afirmación que establece la ilegitimidad del gobierno de Ney por sólo haber sido respaldado socialmente por uno de cada cuatro electores en un marco de muy poca participación ciudadana, a ese argumento que expresaría la falta de legitimidad social, se le suma ahora la falta de legitimidad originado por ser un gobierno débil.
Hay reflexiones interesantes en ese sentido. Se dice que un gobierno es ilegítimo no solamente porque no esté respaldado por las mayorías ciudadanas, sino porque es incapaz de meter en cintura a los actores que cuestionan, en este caso, la seguridad de los ciudadanos. Un gobierno que no ha sido capaz de resolver el problema del clima de la violencia, que ha sido incapaz de resolver los problemas originados por el crimen organizado, también es un gobierno ilegítimo. Un gobierno ilegítimo es pues, un gobierno débil. Este es el caso del gobierno estatal actual. Ha sido un gobierno frágil por ser incapaz de controlar el problema de la inseguridad ciudadana.
La evolución de las posturas públicas respecto de ése problema han sido muchas: primero se justificaban señalando que eran hechos aislados, que era gente extraña. Luego continuaron con etiquetarle la culpa del clima de violencia al cefereso. Después se quisieron justificar con echarle la culpa a una familia que vive por ahí por ciudad del valle, cuya cabeza de familia fué gobernador. Posteriormente inventaron delincuentes como los “ciberalbañiles”. Luego el gobernador se quiso “limpiar” con el alcalde de Tepic. Después hubo declaraciones en el sentido de que ni las estructuras estatales eran confiables. Después se pidió apoyo federal. Luego se hizo un operativo coordinado. Se siguió con el establecimiento del mando único. Pero después de tantos malabares, siguen los levantones, siguen las ejecuciones, siguen los asesinatos, siguen las balaceras. ¿Resultado? Hay incapacidad del gobierno para controlar ése problema. Ahí está la base de la ilegitimidad gubernamental actual.
Pero el problema no para ahí. ¿Sólo el gobierno está desacreditado socialmente? Desde mi perspectiva no, también el resto de instituciones políticas que debieran ser canal de expresión de esa falta de confianza en las instituciones gubernamentales, sufren de lo mismo, cojean del mismo pie. Para decírselos coloquialmente. La oposición no ha estado a la altura de las circunstancias, ha sido una oposición desorganizada, a veces muy temerosa y sobre todo, muy susceptible de ser “chayoteada”.
Ante este panorama, es muy fácil concluir que la ciudadanía se encuentra en un total estado de indefensión ante los efectos del crimen organizado. Pero hasta ahora corremos la suerte de que el crimen organizado en Nayarit no realice actividades de tipo terrorista. Actúan sobre la base del conocimiento perfecto sobre sus enemigos. Los conocen, saben de sus movimientos y llegan hasta el grado de decirles a los ciudadanos que se retiren porque van a ejecutar a alguien. Claro, cuando las balaceras son fuertes, por supuesto que no andan dando consejos ni portándose delicados y educados con los ciudadanos. Si el crimen organizado no ha llegado al terrorismo es porque no se siente acorralado, y eso significa simple y llanamente que el gobierno ha fracasado en su obligación de dar seguridad ciudadana. Es pues, un gobierno ilegítimo, con un alto grado de desconfianza ciudadana. robertogbernal@gmail.com
PD. Ayer me dijo un profesor que ha sido testigo de cómo circulan los integrantes del crimen organizado en Nayarit, que sólo les dice a sus alumnos que si escuchan cerca una balacera, se tiren de inmediato al piso. Sobre todo porque por el rumbo de su escuela se han dado varios enfrentamientos. También se preguntó: Si el gobernador adelantó el término del ciclo escolar por estas mismas razones, ¿Ahora lo retrasará hasta diciembre? www.cainay.blogspot.com
