En el juicio 534/2022-II que se desarrolla en los tribunales federales, estoy pidiendo como acto reclamado, una vez que se desarrolle el procedimiento, iniciando con la audiencia constitucional para el día 20 de febrero del presente año, se me conceda el amparo y protección de la justicia federal, ordenando se deje sin efecto la elección de rector celebrada en la Universidad Autónoma de Nayarit en marzo del año pasado y, por efecto de la nulidad absoluta de la elección, se dejen sin efectos los actos emanados de dicha nulidad.
El fundamento para sostener eso, son las sentencias del tribunal colegiado y del juez de distrito, así como la confesión expresa en juicio diverso, de la autoridad responsable que es la comisión especial para la elección de rector en dicha Universidad para el periodo 2022-2028, donde todas esas instancias declararon y reconocen oficialmente que se vulneraron mis derechos humanos constitucionales al haber llevado a cabo la elección en esas condiciones sin haberme notificado en forma oportuna y con ello haberme dejado en ESTADO DE INDEFENSION, violentando los artículos 1,8,14 y 16 de la constitución, causándome con ello perjuicio personal y directo.
Sin duda alguna el problema es mayúsculo, simple y sencillamente porque es la primera vez en el país en que se encuentra en riesgo inminente la caída de una elección de rector de una universidad pública. Y es mayúsculo no solamente por las implicaciones que ello tiene, sino porque se puede sentar un precedente a nivel nacional para todas las universidades públicas del país en el sentido de que estas instituciones ya no se pueden manejar de manera discrecional y facciosa por los grupos internos que las dominan y que las usan para hacer negocios y para escalar posiciones políticas en el poder público, y todo bajo la protección del sacrosanto manto de la Autonomía Universitaria.
Por todas las implicaciones administrativas y hasta penales que este proceso tiene y, por las implicaciones a nivel nacional que ello implicaría si el asunto llega hasta la suprema corte de justicia de la nación, es que la secretaría de gobernación debe estar atenta a dicho proceso e informar a la superioridad que ese tema se puede convertir en un verdadero problema social, pues se generarían premisas y disposiciones legales que la suprema corte haría valer para todas las universidades públicas del país.
Por todos los intereses que están en juego, este asunto tiene relevancia. Por eso mismo lo hago público porque, dadas las condiciones de inseguridad, no vaya a ser que, a los grupos y mafias afectadas por este tipo de situaciones, les gane la tentación de llevar a cabo acciones cavernícolas que pongan en riesgo mi integridad, de mis escasos bienes o de mi familia.
Por lo demás, en otras columnas les seguiré informando del estado actual del proceso y de las implicaciones que tiene, ya que, como lo dije, estoy solicitando la nulidad de todos los actos emanados de dicha elección.
