Como ya lo saben mis escasos lectores en número de cuatro, la Universidad Autónoma de Nayarit se encuentra inmersa en un proceso electoral para seleccionar a su nuevo rector. Las presentes líneas no se referirán al status que guarda mi solicitud de registro como aspirante a la rectoría de la UAN, sino que versará acerca de cómo este proceso significa un nuevo asalto a la rectoría de la máxima casa de estudios de Nayarit.
Ustedes saben que el gobierno de Antonio Echevarría García reformó la ley orgánica de la institución. Se aprobó en el Congreso del Estado y se promulgó por el poder ejecutivo en el periódico oficial el siete de enero del 2020. En dicha ley, se establece una nueva forma de elegir rector, destacándose los siguientes tres temas.
El primero es que los estudiantes de preparatoria en el consejo general universitario reducen su presencia a sólo cinco estudiantes, dándole con esta ley un fuerte golpe a la FEUAN. Las unidades académicas del bachillerato, para la elección de rector, solo tienen quince votos en el consejo general universitario, cinco de estudiantes, cinco de profesores y cinco de directores. Ahora el peso está en las unidades de nivel superior donde cada unidad académica tiene cuatro votos, dos de académicos y dos de estudiantes.
El segundo aspecto es que el proceso lo coordina un colegio de elecciones universitario que lo preside el presidente del patronato universitario. Dicho aspecto tiene importancia en la medida en que el control y coordinación del proceso no se hace a través de una comisión especial ad hoc que sólo reciba instrucciones del rector y los lideres de los sectores para definir que vale y que no vale, ya que, al interior de la UAN no existe un reglamento de elecciones ni mucho menos tribunales universitarios independientes de la autoridad que hagan justicia universitaria. La comisión de responsabilidades está integrada por los mismos, el rector y los lideres de los sectores.
Y el tercer aspecto es que la nueva ley garantiza la participación efectiva de la comunidad universitaria a través del voto secreto, directo y universal, lo cual es veneno puro para la práctica corporativa de controlar los votos con sobornos y actos de corrupción y, por esa vía, imponer al rector al gusto de los mismos de siempre que ahora, bajo un madruguete jurídico, pretenden dar el nuevo asalto a la rectoría aún a pesar de que han sido mediocres para resolver la crisis financiera y transformar la UAN en un pilar del desarrollo local.
Como esa ley les quita el control para imponer al rector en turno, entonces los mismos de siempre, bajo el pretexto de que se violó la autonomía universitaria, acudieron al juez de distrito solicitando el amparo de la justicia federal para evitar que esa ley cobre vigencia. El juez los amparó en varios de los artículos reformados, pero dejó intactos todos los artículos relativos a la integración del consejo general universitario y al proceso de elección de rector. Como lo que resolvió el juez de distrito no les convino, entonces se fueron al colegiado de distrito solicitando la revisión.
Como el juez les concedió la suspensión provisional de la ley, los mismos de siempre aprovecharon y dieron madruguete. En un consejo general universitario, de esos casi clandestinos donde toman decisiones al margen de la comunidad universitaria, reformaron el estatuto para adelantar la elección del rector y elegirlo este 31 de marzo, antes de que el juez dicte si les dan la suspensión definitiva o no. Esto será en abril. Como regularmente los jueces del colegiado confirman lo que el juez distrito resolvió y, temerosos de que les den palo en abril, entonces convocan en febrero para elegir en marzo, con un Consejo General Universitario y una Comisión Especial bajo tutela del rector y los sectores para imponer al sucesor.
Sin embargo, ese “madrugete” está en veremos porque la ley aprobada por el Congreso y promulgada el siete de enero del 2020 por el poder ejecutivo, les dio un plazo de 180 días para reformar la legislación interna en congruencia con esas nuevas disposiciones y, aunque hayan solicitado que no se aplicara, las reformas que tendrían que hacer deberían ser para estar en congruencia con la nueva ley, no para violarla.Ellos hicieron su reforma al estatuto un año y diez meses después de haber sido promulgada la nueva ley.Aparte de que el juez les dijo “espérame mientras reviso tus peticiones” o sea les concedió la suspensión provisional, pero estos no se esperaron y al contrario “madrugaron” para asaltar la rectoría. Pero, si el juez no les concede la suspensión definitiva, entonces lo que procede, según yo sin ser abogado, es que se elimine el “madrugete” que hicieron y a partir de abril se apliquen las nuevas disposiciones normativas. La ley anterior establecía que en mayo debería salir la convocatoria para elegir rector.
Por lo pronto, me parece que, si los otros candidatos en realidad no están solamente de comparsas del rector y los lideres de los sectores, pudieran solicitar la suspensión del proceso que se inició hasta en tanto se resuelva de manera definitiva la suspensión provisional. Pero aún más, puede haber la posibilidad de que haya universitarios mortales que sientan vulnerados sus derechos a elegir y soliciten también la suspensión del madruguete.
PD. En mi caso particular, por supuesto que seguiré una ruta legal para evitar ese asalto a la rectoría y promover que haya elecciones libres, limpias, transparentes y democráticas, con piso parejo para cualquier universitario que honrosamente pretenda ser el nuevo representante de la UAN. Ya no más suciedad y “cochupos” que sólo enlodan la vida universitaria…… EL gobernador del estado tiene la obligación constitucional de respetar y hacer respetar las leyes que le envía el poder legislativo. En el caso de la ley orgánica de la UAN, está siendo omiso….¿O cómplice?.
