Quienes justifican el
atraco que se hizo al poder judicial de parte del PRI junto con los fieles
escuderos de la oposición, lanzan un argumento en el sentido de que la
designación de los magistrados fue ajustada a derecho, fue plenamente legal. Y
bueno, hasta ahorita, no he sabido de
nadie que diga lo contrario, por lo que se asume eso como una verdad
aceptada socialmente.
El procedimiento jurídico señala que el gobernador debe
escoger ternas para proponerlas al congreso, luego este forma una comisión para
que dictamine sobre ellos y después pasa al pleno donde se dice la ultima
palabra. ¿Se dio ese procedimiento legal? SI, todo sucedió así, el proceso fue
plenamente legal.
Las cosas se cuestionan cuando uno se pregunta: ¿Y qué
hizo el ejecutivo para sacar sus propuestas? ¿Bajo que criterios seleccionó a
los que propuso? Y bueno, la verdad es que el gobernador es el representante
del pueblo y lo que debió haber hecho es haber consultado al pueblo, haber
realizado foros, es haber hecho acciones que respaldaran, que legitimaran, su
decisión. Pero eso no sucedió, tal parece que las decisiones fueron
unipersonales, basadas en los criterios muy individuales del titular del poder
ejecutivo, decisiones que no se sabe a ciencia cierta cuales fueron los
criterios que usó para decidir.
Tomar decisiones de gobierno de manera unipersonal da pie
a que se diga que lo que vivimos es un gobierno autoritario, unipersonal,
faccioso, donde las instituciones se integran a partir del criterio del
servilismo y no sobre la base de escoger a los mejores hombres y mujeres de
Nayarit para que definan el rumbo del estado y el funcionamiento institucional.
También da pie a que haya opiniones de lamento como esta que dice : “El asunto de fondo con la designación de los nuevos magistrados no estriba
en el hecho de que tengan o no merecimientos y conocimientos en materia
judicial los recién nombrados. A mi juicio, lo que es lamentable es que no se
estimule a los propios integrantes del poder judicial, respetando la carrera de
muchos que tienen méritos más que suficientes”. U otras mas mediocres aunque
respetables que dicen :”siempre se ha hecho así”, opinión esta que refleja
cierto fatalismo como para aceptar que los ciudadanos seremos tartufos toda la
vida.
Después de que se escoge a
la terna se dice que se envía al congreso para que haya una comisión que emita
un dictamen y luego pase al pleno para su aprobación o desaprobación. ¿Pasó
eso? Si, por tanto fue legal, aún haya sido fast track, o sea de manera súper
rápida. Pero luego saltan las preguntas ¿Y cómo evalúan los diputados que esos
son los mejores hombres y mujeres de Nayarit para ser magistrados? Sólo revisan
los currículos, los entrevistan y emiten dictamen, pero tienen una venda en los
ojos para evaluar el caudal de capital humano que hay en Nayarit para ocupar
los mismos cargos. Tampoco consultan a nadie. Eso por supuesto, da pie a que se
diga que los diputados solo obedecen al gobernador en turno, que son sólo unos
levanta dedos que están para lo que se les ordene y eso se justifica como
disciplina partidaria, argumento insostenible cuando hay diputados de
“oposición” que también apoyan, pasiva (abandonando el recinto o con viajes a
México) o activamente (votando), la decisión del ejecutivo estatal.
Es obvio que la
argumentación jurídica que se usa para
justificar el asalto al poder judicial resulta insuficiente cuando se trata de
evaluar que nuestras instituciones se limpien con personajes de alta solvencia
moral. La solvencia moral de los nuevos magistrados queda en entredicho cuando
su designación se hace de manera legal pero fuera de todo marco moral, al
margen de la ciudadanía y con criterios puramente personales e individuales de
parte de quienes dicen representarnos pero a la hora de las decisiones no
consideran para nada los intereses de los ciudadanos. Por eso se sostiene que
la designación fue legal, pero inmoral, porque no hay criterios claros ni
firmes para haber sido seleccionados.
¿Qué hay lagunas legales
para incorporar esos elementos morales y de consulta en la ley? Si es cierto,
pero su ausencia en el sistema jurídico no implica que no se puedan ejercer. Si
existiera voluntad de construir instituciones de cara a los ciudadanos, instituciones
limpias y sanas que respondan al interés ciudadano, no habria acuerdos en lo
oscurito para tomar decisiones amparados en la supuesta confianza que el pueblo
le ha dado a los gobernantes.
La verdad es que la argumentación jurídica
pretende justificar las decisiones reales que se dan en la política, donde los
intereses, las negociaciones personales y de grupo para obtener jugosos
beneficios son el pan de cada día. Lo que paso aquí es que, como el ejecutivo
designo a su gente para tener control político del poder judicial, y ninguneó a
los panistas y perredistas, estos pedían su parte del pastel que al no darles,
pegaron de gritos. Querían su maíz. La decisión fue legal, pero no legitima ni
moral, ni transparente, siguen usándose las instituciones de manera facciosa. robertogbernal@gmail.com
PD. Pues ahora resulta que el nuevo negocio del diputado de chiripa
consistente en la secundaria ubicada en
la ciudad de la cultura está generando mas inconformidad. Primero fue el profesor
Yera, de la propia preparatoria uno. Ahora hay una convocatoria por otros universitarios
que dice así: “El día jueves un grupo de maestros, padres de familia y alumnos
de prepa uno asi como docentes y trabajadores de otras áreas de la UAN harán
una manifestación para denunciar que la secundaria que se esta construyendo en
la UAN tomo terreno de la prepa 1 que se utilizaba para dar clases a alumnos de
la misma. MAESTRO TRABAJADOR ASISTE Y APOYA. LA CITA ES EN EL ESCUDO DE LA UAN
A LAS 10:00”. www.trincherauniversitaria.blogspot.mx
