El día de ayer,
señalamos que acudiríamos a las instalaciones de la fiscalía general del estado
bajo el mando de Petronilo Díaz Ponce Medrano. Y efectivamente ahí estuvimos.
Afirmamos que pensábamos que no nos recibiría y que nos traería con la política
del “mamalonche”, a vuelta y vuelta. Nos equivocamos. Sí nos atendió, y nos atendió
excelentemente, nos dejó un buen sabor de boca a los integrantes del comité
ejecutivo del STUAN que ahí acudimos. El gobernador Toño Echevarría García tiene
un excelente funcionario en esa dependencia.
Primero acudimos a las oficinas del
ministerio público encargado de delitos patrimoniales. Ahí, los licenciados
encargados de las diferentes carpetas de averiguación nos mostraron los avances
de dichas pesquisas. Constatamos que se está avanzando. En todas las carpetas,
que son cuatro porque son precisamente cuatro las denuncias que hemos
interpuesto ante la fiscalía, hay avances significativos, lo cual da cuenta de
que no están congeladas ni durmiendo el sueño de los justos. El fiscal
efectivamente está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien.
Después de haber checado los
avances, acudimos a las oficinas donde el fiscal se encuentra. Sin previa cita,
nos dio espacio a pesar de estar plenamente ocupado, abrió un espacio para
atendernos, lo cual habla de la voluntad política de atender a todos los que ahí
acudimos y de ser un funcionario que busca ser eficiente en su trabajo.
Pero lo interesante fue no solamente
que mostró los avances concretos, sino su compromiso de hacer justicia sin
distingo, de aplicar la ley a quien sea y, si en la aplicación de la ley
resulta que se es inocente pues asi será, pero si resulta culpable pues también
así será y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar sea quien sea.
No les puedo decir datos mas
concretos de las averiguaciones que se están haciendo, pero si les puedo decir
que es sobre las cuatro denuncias de los presuntos delitos derivados de: 1)
Fraude que hizo Juan López Salazar en contubernio con la empresa San Petersburgo,
tema del que sabe el actual rector Nacho Peña pero se hace el occiso, cuyo
monto asciende a casi setenta millones de pesos; 2) Probable delito de lavado
de dinero y lo que resulte debido al doble pago que hizo Juan López Salazar en
la segunda quincena de enero del 2016; 3) Desvío de recursos y lo que resulte que
se deriva de no pagar los aguinaldos en tiempo y forma y hacerlo con recursos
del ejercicio fiscal posterior y 4) Robo y lo que resulte por el descuento que
se hace del salario de la maestra Leticia Guerrero para pagar el crédito infonavit
y no entregarlo.
Hay muchas afirmaciones que ahí nos dio
el fiscal, pero no las quiero difundir para no alertar a los posibles
delincuentes, pero, lo que si les puedo decir es la firmeza y convicción del
fiscal en el sentido de que pronto, muy pronto habrá algunas acciones que se
reflejarán en que habrá algunos potenciales delincuentes universitarios que
tendrán que ser arrimados a la fiscalía, estén donde estén. Esa firmeza y
postura indeclinable de traer de donde esté a uno de los que han depredado a la
universidad, nos dejó un excelente sabor de boca pues eso es señal inequívoca
de que no hay contubernio con los delincuentes universitarios, aunque parezca
lo contrario.
Yo he sostenido que la inexistencia
de resultados concretos de combate a la corrupción genera la percepción de los
ciudadanos de que nos se combate la corrupción. Y obvio, de inmediato
planteamos que no se combate porque aparentemente hay protección hacia los
corruptos de la UAN. Pero el fiscal nos aseguró que no es así y que, en su
momento se tendrán los resultados tangibles que se tengan que presentar. Y vaya
que el gobernador necesita dar respuestas claras y concretas en este tema
porque los ciudadanos hemos estado pensando en que se protege a esos ladrones
universitarios. Queremos que nos tape la boca, queremos que el gobernador nos deje
en ridículo sobre la base de castigar ladrones universitarios. EL fiscal hace
bien su trabajo y tiene todos los elementos para judicializar los temas y que
los jueces decidan las sanciones que hay que imponer. Yo espero que los jueces,
algunos de ellos cuestionados por su vínculo con Roberto Sandoval, no salgan con
su batea de babas diciéndonos que no hay delito que perseguir.
Y es que se puede pensar que, como
Juan López Salazar y Roberto Sandoval impusieron a Nacho Peña en la rectoría de
la UAN y, como el poder judicial está muy cuestionado por estar integrado por
alfiles de Roberto Sandoval, entonces es muy entendible que los jueces, con tal
de proteger a Juan López Salazar y al ex gobernador que son los involucrados en
el saqueo de la UAN, decidan que no hay delitos y exoneren a los delincuentes,
tal como le hizo Roy Rubio, entonces titular del órgano superior de fiscalización,
con el caso de la empresa San Petersburgo pues exoneró a Juan López nomas
porque le facturaron los casi setenta millones de pesos que pagó porque le
dispersaran la nómina de un mes, pero el caso es que ni eso hicieron. Juanito
les pagó setenta millones y le dieron factura por eso y, Roy Rubio dijo que
estaba bien todo, sin que se hayan cumplido los términos del contrato. Y
Nachito Peña se hace el sordo en el tema. Esto es lo que tiene que desmadejar
el fiscal y lo está haciendo bien.
PD. Juanito López
Salazar y otros pronto aparecerán en escena. ¡Disfruten su fin de semana!
