Ayer fue un día muy movido, Me
tocó estar en el momento en que algunos manifestantes tomaban un camión urbano
en protesta por el aumento a la tarifa que los permisionarios impusieron. Los
ciudadanos, por su parte, exigen que se siga manteniendo el precio de seis
pesos. Los transportistas exigen ocho. El resultado fue que hubo una reunión
con los manifestantes en el gobierno del estado donde les atendió comedidamente
el secretario general de gobierno.
El
gobierno asumió la siguiente postura política ante el conflicto: En defensa del interés general de la población,
el Gobierno del Estado llama a permisionarios y choferes del transporte público
a que respeten la tarifa oficial en tanto se realiza un estudio que determine
lo que pagarán los usuarios. No hay un conflicto con los transportistas; el
Gobierno mantendrá el diálogo y cumplirá su función de que prevalezca el estado
de derecho. O sea, ni con dios ni con el diablo. Muy salomónica la postura de
no asumir una definición clara respecto del conflicto.
Dicha postura ha
arrancado diferentes opiniones, unas a favor otras en contra. Merece especial
atención el comentario de un cibernauta quien señaló textualmente asi: “Lo
primero que debe dejar en el olvido y tirar a la basura, el nuevo y maquiavélico,
Secretario General de Gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, son los tarros
de atole, esos que eran utilizados para dar con el dedo en la boca a los
políticos y grillos sociales por el anterior titular de la dependencia. Y
decirle a la ciudadanía de Tepic que el aumento a la Tarifa del Transporte
Público se queda en 8 pesos, como una herencia dejada por el anterior gobierno.
De esta forma se lava las manos. Tres Datos fundamentales y que nadie va a
negar. Una es que Transito del Estado no les puede quitar los camiones a los
permisionarios por el aumento de tarifa porque todos están amparados. Dos. El
juez de distrito está por determinar que la tarifa aumente el 50 por ciento de
lo que antes costaba, es decir que, si nos esperamos que la justicia se haga
cargo, el precio de la tarifa puede llegar a los 9 pesos, por lo que el
gobierno actual debe permitir sin que tenga costo alguno a su política de buen
samaritano, el de 8 pesos. Y tres si el principio de todo gobierno es favorecer
a las mayorías, el dato es que a diario en redes sociales……….. se quejan 100
gentes en promedio cuando en la realidad el transporte urbano mueve a 200 mil
personas al día que no dicen nada al pagar los 8 pesos. Listo, el aumento al
Transporte Urbano es una realidad y eso sí es una herencia del anterior
gobierno. Jorge Aníbal debe guardar los tarros de atole para siempre”.
Sin duda alguna, ese
elemento jurídico en el que se señala que hay un juez que ya va a determinar un
posible aumento a la tarifa es, sin duda alguna, un elemento que muchos
ciudadanos desconocíamos. Si el fallo del juez sale favorable a los
permisionarios, el gobierno no tendrá más opción que permitir el aumento, ya
que, una postura pública del gobernador ha sido la de “nadie por encima de la
ley” y, si el juez determina que hay aumento del transporte, entonces el
gobierno quedará amarrado de manos y su nivel de credibilidad ante los ciudadanos
se vendrá abajo.
Ante tal situación,
los ciudadanos exigiendo que se mantenga el precio de seis y los permisionarios
a punto de conseguir que se logre un aumento del 50%, no queda de otra más de
que el gobierno asuma el costo de ese conflicto de intereses a fin de que no se
convierta en un elemento de inestabilidad social. Que se subsidie la diferencia
entre lo que exige la ciudadanía y lo que exigen los permisionarios. ¿de donde tendría
que salir el dinero para pagar ese subsidio? Y esa no es una pregunta ociosa
dado que es evidente que nos encontramos en una situación de grave crisis de
las finanzas públicas, asi que, preguntar de donde saldría el dinero es un
verdadero reto.
Para empezar,
nos tendríamos que preguntar a cuánto ascendería el costo del subsidio y luego
decir de donde se va a pagar. Una sugerencia para el pago de ese subsidio es
que puede venir de dos fuentes: Por un lado, de que los diputados del congreso
impulsen una iniciativa de ley para reducirles los salarios a toda la clase
política de Nayarit: Gobernador y funcionarios, diputados, presidentes municipales,
regidores, jueces y magistrados etc. Y, por otro lado, que no les den un cinco
a los partidos políticos. Con eso basta y sobra para que haya dinero con el que
se pueda asumir el costo de un subsidio que beneficie a los ciudadanos en
general que usamos el transporte público.
PD. Hay algunos que han cuestionado al diputado Fugio por
realizar medidas de presión para bajar las tarifas del transporte público. En
lo personal creo que Fugio es un diputado congruente con su forma de ver las
cosas. No es nueva su lucha, ya tiene tiempo que lo hace sin tener necesidad de
estar en un puesto público. Va entonces mi solidaridad con esa lucha social.
