Hoy les voy a recordar a mis escasos lectores el caso de Silva Gámez, al mismo tiempo que les voy a informar el curso que ha tomado su situación. Como es de su conocimiento, Silva Gámez fue “asesinado” laboralmente en la Universidad Autónoma de Nayarit. Su “asesinato” consistió en quitarlo de la nómina de una quincena para otra y luego, legalizaron ese asesinato con un documento con firmas apócrifas. Dicho documento con firmas apócrifas, fue admitido por los funcionarios de la junta local de conciliación y arbitraje quien desde entonces tenía un maridaje con esos sicarios que asesinaron laboralmente a “Chuy” Silva.
Pero eso no es todo. De la misma manera, los magistrados del colegiado de circuito y los ministros de la suprema corte de justicia de la nación, dieron por válidos dichos documentos. Por eso, Silva Gámez recurrió a la comisión nacional de derechos humanos. Esta comisión, le remitió a la comisión estatal de defensa de los derechos humanos, la instrucción para que atendiera el asunto. ¿Y que pasó en el plano estatal? Tiraron el caso a la basura, así como lo leen mis escasos lectores, la respuesta de la comisión estatal fue enviarle un escrito a Silva Gámez diciéndole que su caso no procedía. Sin ninguna investigación, sin siquiera haber sido llamado aunque sea por teléfono, Silva Gámez fue notificado por la comisión estatal de derechos humanos en el sentido de que su caso sería tirado a la basura., QUE ERA IMPROCEDENTE.
Pero como Silva es más terco que una mula cerrera, dicha solicitud la impugnó y se entrevistó directamente con el director general de la comisión nacional de los derechos humanos para plantearle la situación y enseñarle todo el expediente apócrifo con el que legalizarlo su asesinato y que da cuenta de la corrupción e impunidad de todas las esferas participantes. AL mismo tiempo le señaló que los mexicanos no pagan impuestos para mantener instituciones como la de derechos humanos que se dedica a sacar borrachos de las cárceles o a gestionar que no se les cobren sus multas. Pues bien, derivado de la terquedad de Silva Gámez, la comisión nacional de derechos humanos le envió oficio a “Chuy” donde se requiere a la comisión estatal de Nayarit para que a la Comisión Nacional se le envíe un informe. El oficio número 50109, con fecha 13 de septiembre del año en curso y que se encuentra dentro del expediente CNDH/DGQO/2010/S dice textualmente como sigue.
“Hago referencia a su escrito recibido por esta Comisión Nacional el día 02 de septiembre del 2010 y registrado con el número de folio 61908, el que se desprende que, interpone recurso de impugnación en contra del acuerdo de improcedencia, emitido por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, dentro del expediente de queja No. DH/591/2009, por considerar que le causa agravios que señala en su escrito.
Al respecto, le informo el contenido del artículo 162 del reglamente interno de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que expresa textualmente: El recurso de impugnación se presentará por escrito ante el organismo local respectivo y deberá contener una descripción concreta de los agravios que se generan al quejoso, su fundamento legal y las pruebas documentales con que se cuente. En caso de que el promoverte presente directamente el recurso de impugnación ante la Comisión Nacional, ésta lo remitirá mediante oficio al organismo local, para que proceda conforme a las reglas de los artículos 62, 63 y 65 de la ley y los correspondientes del presente reglamento.
Por lo cual, se ha enviado a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, un requerimiento a efecto de que en cumplimiento del artículo 62 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ENVÍE UN INFORME SOBRE EL ACUERDO ANTERIORMENTE MENCIONADO. Firma el director general Máximo Carvajal Contreras.
¿Y qué puede enviar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a la Comisión Nacional? ¡Nada! No puede enviar nada simple y sencillamente porque no hizo la investigación pertinente, sólo se limitó a decirle por medio de un oficio a Silva Gámez que su petición no procedía, que no había agravios, o sea que para esta comisión no pasó nada con el caso de Silva Gámez. Es decir, tener a toda su familia en estado de indefensión al haber dejado a Silva sin el alimento para él y su familia porque lo “bajaron” de la nómina sin decir “agua va”, eso no existió para la comisión estatal, como tampoco existió la corrupción y la impunidad con la que legalizaron su asesinato laboral. Con toda certeza, ahora la Comisión Nacional tendrá que meter las manos directamente en el caso. Pero aquí está pues, otra muestra de la corrupción e impunidad de las instituciones del gobierno Nayarita actual. robertogbernal@gmail.com
PD. Y ahora que hay aspirantes de la oposición a gobernarnos, esperemos que tomen cartas en el asunto y en los hechos combatan la corrupción y la impunidad, aquí está un caso concreto que no requiere de discursos, sino de acciones concretas. www.cainay.blogspot.com
